La alcaldesa y presidenta de la comisión contra la violencia de género de la FEMP exige responsabilidades tras el escándalo de las pulseras

La alcaldesa y presidenta de la comisión contra la violencia de género de la FEMP exige responsabilidades tras el escándalo de las pulseras
- La alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Noelia Arroyo, ha reclamado públicamente explicaciones, responsabilidades y soluciones sobre el problema de las pulseras telemáticas que protegen a víctimas de violencia machista.
En declaraciones a la prensa, Arroyo subrayó que se trata de “un asunto de enorme gravedad". Estamos hablando de la seguridad y de la tranquilidad de víctimas de violencia machista que se ponen en manos del Estado para ser protegidas”, señaló. La alcaldesa pidió explicaciones sobre por qué se compraron dispositivos con una calificación de 3,6 sobre 10. “Debemos saber por qué se eligieron dispositivos que habían sacado un suspenso en valoración tecnológica y por qué no se atendieron las alertas y denuncias que han sido decenas, empezando por el Defensor del Pueblo, las audiencias provinciales, el Consejo General del Poder Judicial, abogados, fiscales y hasta el centro que gestiona las pulseras”.
El contrato en vigor, adjudicado en noviembre de 2023 ha sido cuestionado tras conocerse que la migración de datos provocó la pérdida temporal de historiales de geolocalización y numerosas absoluciones por quebrantamientos de orden de alejamiento . Además, el Observatorio del CGPJ remitió oficios en enero y febrero de este año denunciando manipulación de las pulseras, fallos de geolocalización y problemas de batería .
Arroyo denunció que el Gobierno “se ha aprovechado de esa lealtad institucional para mantener oculto el problema”. “La sociedad y todas las instituciones debemos exigir de forma inmediata un diagnóstico preciso del problema para una solución inmediata que garantice la protección de las mujeres”, afirmó. “Solo la seguridad dará tranquilidad a las 4.500 mujeres, algunas de Cartagena, que el Estado tiene bajo su protección” .
La alcaldesa adelantó que exigirá respuestas desde el Ayuntamiento de Cartagena y también desde la comisión de Violencia de Género de la FEMP. Recriminó al Ejecutivo central que “tratar de silenciar el problema, tratar de ocultarlo, ha hecho un enorme daño de confianza al sistema de protección que vamos a tardar mucho tiempo en curar”.