El portavoz del Gobierno municipal y del Partido Popular de Cartagena, Ignacio Jáudenes, ha afirmado que el archivo de la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano contra el concejal Diego Ortega “confirma lo que el Gobierno sostuvo desde el primer momento: que no existía ninguna actuación irregular y que toda la denuncia respondía a una estrategia política sin fundamento”.

Jáudenes considera que la resolución judicial supone “el desenlace lógico de una denuncia que nunca debió presentarse” y reprocha a MC “haber utilizado los tribunales para intentar construir un relato de corrupción inexistente”. A su juicio, el partido denunciante “despreció los hechos y la verdad para fabricar titulares y desgastar políticamente a un concejal mediante acusaciones que carecían de base jurídica”.

El portavoz popular recuerda que el procedimiento judicial analizaba tres contratos menores relacionados con actuaciones distintas en el entorno de la Puerta del Socorro y la explanada de El Batel. “Desde el principio explicamos que se trataba de obras diferentes, con finalidades distintas y perfectamente separables. Eso es precisamente lo que ahora concluye la jueza al descartar que existiera un fraccionamiento ilegal de contratos”, señala.

Jáudenes sostiene que el modo de actuar de Movimiento Ciudadano responde a un mismo patrón. “Primero intentaron convertir una actuación administrativa en un supuesto caso de corrupción y, ahora, vuelven a recurrir a la misma fórmula con la comisión de investigación sobre Turismo: sembrar dudas, generar ruido y buscar titulares aunque los hechos no respalden sus acusaciones”.

El portavoz del PP subraya además que una denuncia por prevaricación no solo cuestiona la actuación de un cargo político, sino también la de los funcionarios que intervienen en la tramitación de los expedientes. “No se puede señalar de esa manera a empleados públicos sin pruebas. Es una enorme irresponsabilidad utilizar una acusación tan grave únicamente por interés político”, afirma.

Jáudenes defiende que los tribunales “son una garantía esencial del Estado de Derecho y no pueden convertirse en un instrumento de confrontación partidista”. “Acudir a la Justicia para intentar obtener el rédito político que no proporcionan los hechos supone un profundo desprecio por la verdad y por las propias instituciones”, añade.

Para el portavoz popular, la decisión judicial “restablece la realidad de los hechos y desmonta un intento de construir artificialmente un caso de corrupción donde nunca lo hubo”. Por ello, insta a Movimiento Ciudadano a “abandonar la política de la sospecha permanente y ejercer una oposición basada en hechos y no en denuncias destinadas únicamente a generar titulares”.