La igualdad salarial no llegará sin lucha, por Marga Vilá
Marga Vilà – Secretaria de Igualdad, Diversidad y Conciliación del Sindicato de Trabajadores (STR)
Cada 22 de febrero se celebra el Día de la Igualdad Salarial. Pero esta fecha no debería ser solo una conmemoración simbólica en el calendario, sino un verdadero punto de inflexión. Año tras año nos vemos obligadas a insistir en lo mismo: la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue siendo una realidad persistente, estructural e injusta. No es un problema del pasado ni una anomalía aislada; es el reflejo de desigualdades profundas en nuestro mercado laboral que exigen respuestas urgentes y valientes.
Desde el sindicalismo llevamos décadas denunciándolo. Las mujeres continúan cobrando menos de media, tienen mayor presencia en empleos a tiempo parcial —muchas veces no por elección—, interrumpen con más frecuencia sus carreras profesionales para asumir tareas de cuidado y se concentran en sectores tradicionalmente infravalorados y peor remunerados. A ello se suma un fenómeno más difícil de cuantificar, pero muy real: el techo de cristal que limita su acceso a puestos de responsabilidad y, por tanto, a salarios más altos.
Algunas voces sostienen que ya existe un marco legal suficiente y que el problema se corregirá con el tiempo. Pero la igualdad no es fruto de la inercia, sino de la voluntad y la lucha. Cuando una desigualdad se mantiene durante décadas, confiar en que desaparecerá sola equivale, en el fondo, a aceptarla. Declarar la igualdad no es garantizarla. Hay que hacerla efectiva.
La brecha salarial no es solo una cuestión estadística. Tiene consecuencias directas en la vida de millones de mujeres: menor capacidad de ahorro, mayor riesgo de pobreza —especialmente en la vejez— y una dependencia económica que puede limitar su libertad para tomar decisiones vitales. Es una cuestión de justicia social y también de calidad democrática. Y, además, nos afecta como sociedad en su conjunto. Un mercado laboral más igualitario es más eficiente, más productivo y más sostenible. Cuando el talento se infrautiliza o se remunera injustamente, perdemos todas y todos. Por eso, este 22 de febrero no queremos limitarnos a diagnosticar el problema. Exigimos soluciones concretas y medibles.
En primer lugar, transparencia salarial real. Las plantillas tienen derecho a saber cómo se distribuyen los salarios dentro de sus empresas. La opacidad ha sido durante demasiado tiempo el mejor aliado de la desigualdad. Publicar bandas salariales, realizar auditorías periódicas y corregir diferencias injustificadas debe convertirse en la norma, no en la excepción.
En segundo lugar, corresponsabilidad en los cuidados. Mientras las mujeres sigan asumiendo la mayor parte del trabajo no remunerado, la igualdad laboral será imposible. Necesitamos permisos iguales e intransferibles, servicios públicos de cuidado suficientes y horarios compatibles con la vida personal. La conciliación no puede seguir siendo una “solución femenina”; debe ser un compromiso colectivo.
También es imprescindible avanzar hacia una valoración justa de los sectores feminizados. No es casualidad que muchos de los trabajos esenciales —sanidad, educación, atención a la dependencia, limpieza— estén peor pagados. Son empleos cualificados y socialmente imprescindibles. Revalorizar estos sectores es una medida directa y eficaz para reducir la brecha.
Proponemos, asimismo, una negociación colectiva con perspectiva de género. Los convenios deben analizar cómo impactan sus tablas salariales, complementos y sistemas de promoción en mujeres y hombres. Cuando se incorpora esta mirada, las desigualdades se detectan antes y se corrigen mejor.
Y, finalmente, tolerancia cero ante la discriminación. Las empresas que mantengan diferencias salariales injustificadas deben enfrentarse a consecuencias reales. Sin mecanismos de control eficaces y sanciones claras, las normas se quedan en papel mojado.
Quiero dirigirme especialmente a las trabajadoras más jóvenes, a quienes a veces se les dice que “todo esto ya está superado”. No es cierto. La desigualdad adopta nuevas formas y la precariedad golpea con especial dureza a las nuevas generaciones. Pero también es cierto que cada derecho conquistado ha sido fruto de la organización y de la reivindicación colectiva. Nada nos ha sido regalado.
La brecha salarial no es inevitable. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— y, por tanto, puede eliminarse si existe voluntad política, compromiso empresarial y presión social. La pregunta no es si podemos cerrarla, sino cuánto tiempo más estamos dispuestas a tolerarla. No podemos permitirnos buenas palabras sin avances medibles. La igualdad salarial no es una aspiración retórica; es un derecho. Y los derechos no se negocian: se garantizan.
Que el 22 de febrero no sea solo un recordatorio de lo que falta por hacer, sino el momento en que asumamos, de una vez por todas, que la igualdad salarial es una tarea urgente. Porque cada día que pasa sin corregir esta injusticia es un día en el que millones de mujeres siguen viendo infravalorado su trabajo. Y eso, simplemente, no es aceptable.