El Gobierno regional defiende la operatividad de los puertos y reclama una normativa estatal más ágil
El Gobierno regional defiende la operatividad de los puertos y reclama una normativa estatal más ágil
El Ejecutivo regional ha reiterado su compromiso con la operatividad de los puertos y ha reclamado una reducción de las trabas administrativas en la normativa estatal. En este contexto, la Comunidad ha presentado alegaciones al proyecto de modificación del Real Decreto que regula el informe de compatibilidad con las estrategias marinas.
El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, explicó que el Gobierno autonómico comparte el objetivo de simplificar la normativa y reducir cargas administrativas. No obstante, advirtió de que “el texto planteado va en sentido contrario en aspectos clave y puede dificultar la gestión diaria, la operatividad y la viabilidad de los puertos de la Región”.
En este sentido, subrayó que el Ejecutivo regional apuesta por “un marco normativo equilibrado, que proteja el medio marino, pero que también permita una gestión eficaz y ágil de nuestros puertos, fundamentales para la economía y el desarrollo del litoral”.
Alegaciones clave para garantizar la gestión portuaria
Entre las principales propuestas presentadas, la Comunidad solicita que queden excluidas del informe de compatibilidad las actuaciones menores y de mantenimiento realizadas en aguas interiores de puertos deportivos y autonómicos. Según Marín, “se trata de espacios altamente transformados donde estas intervenciones no tienen un impacto significativo sobre el medio marino, pero sí son esenciales para garantizar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones”.
Asimismo, el Ejecutivo plantea que los dragados de conservación y los de emergencia queden exentos de este trámite o, al menos, cuenten con un procedimiento más ágil. “No podemos permitir que actuaciones urgentes o rutinarias queden paralizadas durante meses por procedimientos que no aportan valor ambiental y sí generan retrasos”, afirmó.
Críticas a la ampliación de plazos
Otro de los puntos que centra el rechazo autonómico es la ampliación del plazo para emitir el informe de compatibilidad, que pasaría de 30 a 60 días. A este respecto, Marín señaló que “duplicar los plazos supone un freno injustificado a la actividad portuaria y traslada a las comunidades autónomas las ineficiencias de la Administración general”.
Además, las alegaciones cuestionan la posibilidad de que la falta de emisión del informe en plazo tenga carácter desfavorable. “Es una medida que genera inseguridad jurídica y que, en la práctica, puede convertirse en un veto encubierto a competencias que son exclusivas de la comunidad autónoma”, advirtió.
Petición al Gobierno central
Con estas alegaciones, el Ejecutivo autonómico insta al Gobierno central a revisar el texto normativo para adaptarlo a los principios de eficacia, proporcionalidad y buena administración, garantizando al mismo tiempo el respeto a las competencias autonómicas.
