El Gobierno regional exige al Gobierno de España que defienda una PAC que cuente con un fondo específico y suficiente para el campo

El Gobierno regional exige al Gobierno de España que defienda una PAC que cuente con un fondo específico y suficiente para el campo
La consejera Sara Rubira traslada en Madrid al ministro Planas “que la singularidad climática y agraria de la Región de Murcia debe ser reconocida para garantizar la sostenibilidad del sector”
Le anuncia las principales conclusiones del documento de posicionamiento común firmado el pasado viernes por el presidente López Miras, las organizaciones agrarias y las cooperativas
15.09.2025 El Gobierno regional exigió hoy al Ministerio que defienda una Política Agraria Común 2028-2034 que cuente con un fondo único y suficiente para cubrir las demandas y necesidades del campo español y, especialmente, de la Región de Murcia.
Esta fue la principal reivindicación de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la reunión de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
“Existe una gran preocupación entre los agricultores y ganaderos por el documento presentado por la Comisión Europea y que los Estados miembros deben ahora debatir, ya que si no contamos con el presupuesto necesario y adaptado a la inflación, no será posible garantizar cuestiones como el relevo generacional, la modernización de la actividad agraria, la seguridad alimentaria o el mantenimiento de las zonas rurales”, explicó la consejera.
“Y es ahí donde el Gobierno de España debe decidir si se pone de una vez por todas del lado del campo o si sigue mirando para otro lado”, remarcó Rubira, “porque no podemos olvidar que nuestros agricultores y ganaderos se han sentido abandonados en los últimos años por el Gobierno de España, cuyo papel en las negociaciones europeas ha sido insignificante”.
“Necesitamos una voz firme en Bruselas que se oponga a la centralización de las decisiones estratégicas en la Administración General del Estado, tal y como se platea en el documento de la Comisión Europea, ya que eso supondría ignorar las especificidades de territorios como el nuestro, caracterizados por condiciones agroclimáticas extremas, escasez estructural de recursos hídricos y una alta especialización productiva”.
Todo ello, “en un contexto marcado por crisis geopolíticas, la emergencia climática y las permanentes presiones sobre los costes de producción que durante los últimos años vienen afectando al día a día de los profesionales del campo”, explicó la consejera, “y que ahora nos debe ayudar a encontrar la certidumbre necesaria para garantizar el futuro de un sector imprescindible para nuestra sociedad”.
La consejera Sara Rubira recordó que “frente a la postura del Gobierno de España, el pasado viernes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmó con las organizaciones agrarias y las cooperativas un documento de posicionamiento común donde se pide que el nuevo marco financiero y normativo debe garantizar que la PAC siga siendo una política clave dentro de la Unión Europea”, explicó, “y donde creemos que es importante que se reconozca la singularidad climática y agraria de nuestra Comunidad”.
Situación hídrica de la Región de Murcia
El Gobierno de la Región de Murcia mantiene el firme compromiso con los agricultores y ganaderos, así como con todos los habitantes de la Comunidad en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, y así como en la búsqueda de alternativas, al cierre de los acuíferos, a partir de 2027, especialmente en zonas como el Altiplano, donde la ausencia de fuentes alternativas supondrá graves perjuicios.
Por otro lado, en relación a la negativa del Ministerio a aprobar nuevas extracciones en el Campo de Cartagena, Rubira recordó que “el gobierno de España debe explicar por qué cinco años después de la declaración de acuífero contaminado no han adoptado las dos medidas que debería”.
Por un lado, “crear una junta de usuarios para lo que tenían un plazo de seis meses, y lo segundo, aprobar un Programa de Actuación de la Masa de Agua Subterránea con el objetivo rebajar el nivel freático y evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor”.