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Madrid, 19 de mayo de 2026.- La Audiencia provincial de Murcia, en su sede de Cartagena, acoge mañana, 20 de mayo, el primer juicio del 'Caso Topillo', la mayor causa judicial contra la degradación ambiental del Mar Menor. Greenpeace comparece como acusación personada en representación de la propia laguna salada, siendo la primera vez que nuestro ordenamiento jurídico permite el ejercicio de esta acción, derivada de la Ley 19/2022, para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, que establece que cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor.
A diferencia de otros procedimientos penales de la misma trama que se cerraron mediante acuerdos de conformidad con la Fiscalía, esta vista oral constituye la primera oportunidad procesal para acreditar ante los tribunales que la explotación económica descontrolada del entorno es la causa directa de un colapso ecológico sin precedentes.
“Este juicio es un hito porque, por primera vez, el Mar Menor se defiende a sí mismo en los tribunales gracias a su personalidad jurídica. Pero llegamos a Cartagena con la impotencia de abordar sólo una pequeña parte del problema; la fragmentación de la causa del caso Topillo en pequeñas piezas y la exclusión de los responsables políticos de llevar al Mar Menor a un estado crítico restan la profundidad que la gravedad de los hechos exige”, declara Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace.
Ecosarete S.L. y Datelio S.L. son las empresas acusadas por delito medioambiental junto con el administrador único de ambas, para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de siete años, además de 506.137,44 euros en concepto de responsabilidad civil.
El llamado Caso Topillo se inició por una denuncia de la Fiscalía en diciembre de 2017 que se dirigía contra numerosas empresas y empresarios individuales, así como altos cargos de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura, ya que habían estado extrayendo ilegalmente agua de pozos no declarados y desalando dicha agua a través de desaladoras también ilegales. Sus restos iban a parar al Mar Menor, bien por escorrentía como por intercambios subterráneos, por aportaciones superficiales constantes, que se producen a lo largo de toda la ribera del Mar Menor o por vertidos directos a través de la Rambla del Albujón.
A pesar de la trascendencia del juicio, Greenpeace advierte que la estrategia procesal dictada por la Audiencia Provincial de Murcia imposibilitará obtener una radiografía completa del ecocidio. La decisión judicial de fragmentar la causa matriz —que inicialmente se dirigía contra medio centenar de empresas— en múltiples procedimientos individuales debilita la contundencia de la prueba y diluye la dimensión sistémica del daño ambiental continuado. La organización alerta de que esta atomización dificulta la exigencia de responsabilidades globales ante una agresión ambiental coordinada.
Además, aún no han sido juzgados los responsables políticos del gobierno murciano ni los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura. Igualmente, han quedado exentas de responsabilidad las empresas que vendían tanto las máquinas desalobradoras como los productos químicos.
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2015 y 2017, cuando se produjo el primer colapso del Mar Menor, en 2016, fenómeno popularmente conocido como la “sopa verde”. Posteriormente, el 12 de octubre de 2019, el Mar Menor sufrió un nuevo colapso debido a las sustancias químicas que fueron arrastradas como consecuencia de la dana del mes anterior en Murcia. Todo ello ha provocado un deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor, que sigue sufriendo sus consecuencias.
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