Política Social y la Federación de Municipios facilitan la inclusión de menores con medidas judiciales

Política Social y la Federación de Municipios facilitan la inclusión de menores con medidas judiciales 

Un convenio firmado hoy permitirá que jóvenes que han cometido una infracción realicen servicios a beneficio de la comunidad para reparar el daño causado 

Conchita Ruiz destaca que “este tipo de medidas permite que el 95 por ciento de los menores no reincidan, por su alto contenido educativo y socializador”

06.07.2026 La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Federación de Municipios de la Región de Murcia firmaron hoy un nuevo convenio que permite que los menores con medidas judiciales puedan realizar prestaciones en beneficio de la comunidad en sus localidades de referencia. El objetivo es restituir el daño que han ocasionado y facilitar su inclusión dentro de su entorno más cercano.

Este tipo de medidas, dictadas por el Juzgado de Menores en sentencias firmes, fueron ejecutadas el pasado año por un total de 70 adolescentes y jóvenes infractores debido a conductas de vandalismo, robos o hurtos. Este dato supone 17 menores más que en 2024. Fueron mayoritariamente hombres (en un 85 por ciento) y con una edad que supera los 16 años, en el 97 por ciento de los casos.

La consejera, Conchita Ruiz, junto con el presidente de la Federación de Municipios, Víctor Manuel López, rubricaron el acuerdo con una vigencia de cuatro años, destacando la alta efectividad de estas medidas, así como su contenido educativo y socializador, “ya que el 95 por ciento de los menores no reinciden y restituyen a la sociedad el daño que han cometido con su infracción”. Un acto en el que también estuvo presente el magistrado de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Murcia, Rafael Romero.

“Se trata de que los menores sean conscientes del daño que han causado, que asuman su responsabilidad y que comprendan el impacto que han tenido esas acciones en su entorno más cercano”, resaltó Ruiz. Para ello, cuentan con el apoyo de la figura de un educador, quien se encargará de que la medida repercuta en su reinserción y de que sea equitativa a la infracción cometida y a las necesidades e interés social de la localidad. El profesional también trabajará de forma directa con la familia del menor para que la integración sea lo más efectiva posible.

Las actividades impuestas por el juzgado son de carácter no remunerado, como medidas alternativas al internamiento, y tienen una duración media en la Región de Murcia de entre 20 y 100 horas. Los trabajos asignados son, principalmente, tareas socioeducativas, de atención y acompañamiento de mayores o de personas con necesidades especiales; como también, tareas de mantenimiento urbano con el cuidado de parques y jardines, y la limpieza de mobiliario público.

“Con estas acciones lo que se pretende es restaurar el daño a la sociedad, trabajando para ella. Además, para la implantación de estas medidas debe de contarse con el consentimiento del menor, por lo que existe una mayor predisposición y compromiso por parte de la persona infractora a resarcir el daño. Todo ello, sin ningún tipo de estigmatización y en un ambiente totalmente normalizado, sin alterar la actividad escolar o laboral de la persona”, explicó la titular de Política Social.

Ruiz resaltó además “el carácter solidario de la Región de Murcia” y agradeció la colaboración de la Federación de Municipios y de las entidades sociales en la inclusión de estos jóvenes ya que, en 2025, el 40 por ciento de las medidas ejecutadas contó con la participación de los ayuntamientos, mientras que el 60 por ciento restante fueron respaldadas por entidades sin ánimo de lucro.