La Región endurecerá las sanciones por acoso escolar y reforzará la autoridad del profesorado en las aulas

El nuevo decreto permitirá expulsar al agresor de su centro educativo y amplía las competencias de los docentes para actuar de forma inmediata ante conductas que alteren la convivencia

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia prepara una profunda reforma de la normativa sobre convivencia escolar con el objetivo de reforzar la disciplina en los centros educativos, aumentar la protección frente al acoso escolar y otorgar mayor capacidad de actuación al profesorado.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha presentado al Consejo de Gobierno el nuevo decreto de convivencia escolar, una norma que inicia ahora su tramitación administrativa y que pretende establecer un marco más estricto frente a comportamientos que afecten a la seguridad y al respeto dentro de las aulas.

La futura regulación introduce importantes novedades, entre ellas medidas más contundentes contra el acoso escolar, la agresión física o verbal, las amenazas, los robos y las manifestaciones de odio.

Expulsión o cambio de centro para los agresores

Uno de los aspectos más relevantes del texto establece que, cuando se demuestre un caso de acoso escolar, el alumno agresor será trasladado a otro centro educativo si cursa enseñanzas obligatorias.

En el caso de estudiantes de enseñanzas no obligatorias, la sanción podrá llegar a la expulsión definitiva del centro.

Desde la Consejería se insiste en que la norma busca implantar una política de tolerancia cero frente al acoso escolar y reforzar la protección de las víctimas.

Más autoridad para los docentes

El decreto también amplía las competencias del profesorado para intervenir de forma inmediata ante conductas contrarias a la convivencia.

Los docentes podrán expulsar directamente a un alumno del aula cuando sea necesario para detener comportamientos inapropiados, sin necesidad de tramitar previamente una amonestación formal o abrir un parte disciplinario.

Además, determinadas conductas que anteriormente eran consideradas faltas leves pasan a tener una mayor relevancia dentro del régimen disciplinario.

Entre ellas se encuentran la desobediencia, la indisciplina, la falta de respeto al profesorado, las interrupciones reiteradas en clase o el incumplimiento de normas internas del centro.

Nuevas categorías de infracciones

La reforma elimina la denominación de faltas leves y reorganiza las infracciones en dos categorías: conductas perjudiciales para la convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

En este último grupo se incluyen agresiones, amenazas, acoso escolar, robos, actos de discriminación y expresiones de odio.

También se recuerda que el uso del teléfono móvil en clase continúa prohibido y pasará a considerarse una conducta perjudicial para la convivencia.

Medidas cautelares obligatorias

Otra de las novedades relevantes es que las medidas provisionales adoptadas durante la investigación de una conducta grave dejarán de ser opcionales.

Así, mientras se esclarecen los hechos, podrán imponerse medidas obligatorias como la suspensión temporal de asistencia a clase para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del centro educativo.

Comedores y transporte escolar, incluidos en la normativa

La futura regulación amplía además su ámbito de aplicación al transporte escolar y a los comedores, espacios donde también podrán imponerse sanciones por comportamientos inadecuados.

Las conductas graves cometidas en estos servicios podrán conllevar la suspensión del derecho a utilizarlos durante varios días o incluso durante el resto del curso escolar en los casos más graves.

Menos burocracia y procedimientos más ágiles

La Consejería pretende igualmente simplificar los procedimientos disciplinarios para reducir la carga administrativa que soportan los docentes.

Cuando los hechos hayan sido presenciados directamente por el profesorado, podrán tramitarse mediante procedimientos abreviados sin necesidad de abrir investigaciones complejas.

Los procedimientos ordinarios quedarán reservados para situaciones más graves, como expedientes de acoso escolar, expulsiones, cambios de centro o casos en los que sea necesario investigar los hechos denunciados.

Entrada en vigor prevista para 2027

El texto iniciará ahora el periodo de exposición pública y consulta a través del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Posteriormente deberá recibir los informes correspondientes y el visto bueno de distintos órganos consultivos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

La previsión de la Consejería es que el nuevo decreto entre en vigor a lo largo del próximo año, convirtiéndose en una de las principales reformas normativas en materia educativa de los últimos años en la Región de Murcia.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional busca fortalecer la convivencia escolar, proteger a las víctimas de acoso y dotar a los centros educativos de herramientas más eficaces para garantizar un entorno seguro y respetuoso para toda la comunidad educativa.