UGT reclama a Educación más recursos y estabilidad docente ante la nueva orden de recursos humanos
UGT reclama a Educación más recursos y estabilidad docente ante la nueva orden de recursos humanos
UGT Servicios Públicos ha trasladado a la Consejería de Educación sus principales reivindicaciones durante la celebración de la Mesa Sectorial de Educación, donde se ha abordado la negociación de la nueva orden de recursos humanos para los centros educativos de la Región de Murcia.
El sindicato ha defendido la necesidad de aumentar la inversión en educación pública y recuperar derechos laborales que, según denuncia, han sido recortados en los últimos años. Entre sus principales demandas figura la recuperación de la reducción de jornada para los docentes mayores de 55 años sin merma salarial, así como la mejora de las condiciones del personal interino.
En este sentido, UGT reclama que se rebaje de 240 a 165 días el requisito exigido actualmente para que los docentes interinos puedan percibir las retribuciones correspondientes a los meses de verano, una reivindicación histórica del colectivo que continúa sin acuerdo con la Administración regional.
La organización sindical también ha solicitado un incremento de recursos humanos y materiales para las aulas de Educación Infantil de 2 años, etapa que está experimentando una progresiva implantación en los centros públicos y que requiere una atención específica para garantizar una adecuada calidad educativa.
Otra de las cuestiones planteadas durante la reunión ha sido la situación del profesorado de Formación Profesional encargado de coordinar las prácticas en empresas. UGT considera imprescindible reducir su carga horaria lectiva para compensar el creciente volumen de tareas administrativas derivadas de la gestión de la Formación Profesional Dual y las relaciones con el tejido empresarial.
Sin embargo, el sindicato ha mostrado su malestar por el resultado final de la negociación, ya que la nueva orden ha sido aprobada sin el respaldo de UGT. La organización atribuye esta situación a la negativa de la Consejería a modificar aspectos que considera fundamentales, entre ellos el mantenimiento del requisito de 240 días para el cobro del verano por parte de los interinos y la falta de mejoras económicas para los docentes que se acogen a reducciones horarias.
La “pareja educativa”, propuesta para evitar cierres de aulas
Uno de los planteamientos más destacados defendidos por UGT durante el apartado de ruegos y preguntas ha sido la implantación de la denominada “pareja educativa”, una medida que contempla la presencia de un cotutor o cotutora en las aulas.
La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, ha explicado que esta propuesta permitiría aprovechar el descenso de la natalidad para reforzar la atención educativa en lugar de cerrar unidades escolares.
Según el sindicato, la presencia de dos profesionales en el aula facilitaría una mejor respuesta a la diversidad del alumnado, especialmente en un contexto en el que los diagnósticos de necesidades educativas específicas se realizan cada vez a edades más tempranas gracias al trabajo de los equipos de atención temprana.
UGT considera que esta medida contribuiría a mejorar la calidad de la enseñanza, favorecer la inclusión educativa y mantener la estabilidad de las plantillas docentes en los centros públicos de la Región.
Carrera profesional y adaptación al calor
Además de las cuestiones relacionadas con la organización de los recursos humanos, el sindicato ha reclamado avances en la negociación del segundo tramo de la carrera profesional docente, una reivindicación que considera esencial para reconocer la trayectoria y el compromiso del profesorado.
Igualmente, ha solicitado actuaciones urgentes para adaptar los centros educativos a las altas temperaturas y a las cada vez más frecuentes olas de calor. UGT reclama reformas estructurales que permitan garantizar condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje, cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
La organización concluye que la educación pública necesita una apuesta decidida por parte de la Administración regional para afrontar los nuevos retos demográficos, sociales y climáticos, reforzando los recursos y mejorando las condiciones de quienes sostienen el sistema educativo.
