Montanaro. ¿SOCIOS O PATROCINADORES? EL MECENAS DEL ESTRECHO

¿SOCIOS O PATROCINADORES? EL MECENAS DEL ESTRECHO

Hay países que tienen una política exterior, España tiene una cuenta corriente compartida con Marruecos, es una modalidad diplomática novedosa, probablemente diseñada por algún creativo de Moncloa convencido de que la mejor forma de evitar que el vecino discuta la linde de tu parcela consiste en pagarle la reforma del chalet. Antes se llamaba política de buena vecindad, ahora parece una mezcla entre patrocinio, crowdfunding y síndrome de Estocolmo institucional, o chantaje moro en su máxima expresión.

El ciudadano español ya conoce perfectamente el discurso, no hay dinero, pero no lo hay para bajar impuestos porque Europa vigila, los cojones. No lo hay para reforzar la sanidad porque el déficit aprieta, no lo hay para mejorar las Cercanías y las Largas Distancias porque las infraestructuras son muy caras, tampoco lo hay para agricultores, para autónomos, para dependencia, para vivienda o para aliviar a unas familias que cada vez llegan con más dificultad al final de mes, todo carísimo y por las nubes y encima agradecidos al miserable dictadorzuelo por estar ahí, por no abandonarnos  a la suerte de la derecha, se puede ir a la mierda a modo de celda. Pero el dinero tiene una curiosa propiedad geográfica, como en Google maps desaparece cuando mira hacia el interior de España y reaparece milagrosamente cuando dirige la vista hacia el otro lado del Estrecho, debe de ser un fenómeno meteorológico desconocido. Llueven millones en Rabat mientras aquí seguimos esperando que escampe, como en la Dana en Valencia, tres días sin ayuda estatal y para Marruecos o Venezuela, minutos…

Las cifras existen, no son opiniones, son números. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, España ha comprometido más de 1.300 millones de euros en ayudas, cooperación, créditos públicos, garantías financieras y financiación de proyectos en Marruecos. Conviene ser precisos para no regalar argumentos fáciles a los palmeros degenerados, una parte muy importante corresponde a créditos, especialmente a través del FIEM, destinados a financiar operaciones de desarrollo, Fondo para la Internacionalización de la Empresa, es un instrumento financiero oficial del Gobierno de España creado para apoyar y facilitar la expansión de las empresas españolas en los mercados internacionales, ahora la controversia, el crédito no se le otorga a tu empresa, sino al cliente extranjero, comprador o inversor, se supone que es para proteger  a la empresa. Pero incluso aceptando esa precisión, la pregunta continúa intacta, ¿por qué semejante volumen de recursos públicos se dirige hacia un Estado que mantiene abiertas reivindicaciones territoriales sobre España y cuya política exterior dista mucho de comportarse como la de un aliado inequívoco?

Abramos la factura, pero sin albaranes, como Zapatero. Entre 2018 y 2021, la cooperación española destinó entre 20 y 30 millones de euros anuales a programas de desarrollo en Marruecos. En 2022, otros 51 millones de euros. En 2023, más de 60 millones, elevando la Ayuda Oficial al Desarrollo a más de 205 millones de euros en apenas un lustro. Hasta aquí podría discutirse si se trata de la cooperación habitual entre dos países vecinos, el problema comienza cuando aparecen los platos fuertes del menú. España comprometió 250 millones de euros mediante un crédito FIEM para la desaladora de Casablanca, con dos cojones y aquí cesa el trasvase Tajo-Segura. Añadió 70 millones de euros en garantías públicas de CESCE, gestión del crédito comercial.

Otros 30 millones mediante financiación FIEX gestionada por COFIDES o fondos para la inversión exterior. Resultado, 340 millones de euros para garantizar el abastecimiento de agua de Casablanca y parte de España sin agua corriente en la “vaciada”. Cuando uno pensaba que la generosidad ya había alcanzado el límite fisiológico, aparece el postre, 750 millones de euros para financiar la adquisición de trenes de alta velocidad fabricados por CAF con destino a Marruecos.

Como si el catálogo de generosidades estuviera incompleto, el Banco Europeo de Inversiones, presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, acaba de añadir otros 365 millones de euros para carreteras y ferrocarriles marroquíes. Trescientos millones para mejorar su red viaria y otros sesenta y cinco para modernizar el ferrocarril, rematados con quince millones adicionales procedentes de la propia Unión Europea. Resulta enternecedor comprobar que cuando las carreteras son españolas se habla de restricciones presupuestarias, pero cuando el asfalto está al otro lado del Estrecho aparece un entusiasmo inversor digno de un telemaratón solidario. Debe de ser que los baches marroquíes cotizan mejor en Bruselas que los socavones de la A-7 o las eternas Cercanías españolas.

La guinda fueron los 4.106.171 euros destinados a programas de fortalecimiento institucional, lucha contra la discriminación y políticas migratorias, además de otras subvenciones específicas como los 228.250 euros para reforzar el sistema sanitario marroquí. En total, más de 1.300 millones de euros. Las cuentas están claras y lo único que sigue sin aparecer es la explicación.

Mientras España financia trenes en Marruecos, aquí las Cercanías parecen inspiradas por el realismo mágico, cada mañana miles de trabajadores salen de casa con una mezcla de fe, resignación y optimismo antropológico, convencidos de que quizá hoy el tren llegue. Ya no consultan el horario, sino la providencia. Mientras España financia desaladoras en Casablanca, Murcia, Almería o el Campo de Cartagena siguen esperando inversiones hidráulicas que llevan décadas prometiéndose con la misma puntualidad con la que nunca llegan, además de la demagogia de los socialistas de esta región.

Mientras España envía más de doscientos millones de euros en cooperación, los españoles escuchan que no hay presupuesto para reducir  listas de espera, mejorar la atención primaria o aliviar una presión fiscal que se ha convertido en la verdadera política social del Gobierno, recaudar primero, explicar después. Quizá todo esto forme parte de un sofisticado plan geoestratégico que el ciudadano corriente, ese individuo tan vulgar que insiste en preguntar dónde terminan sus impuestos, es incapaz de comprender.

El vecino al que financiamos no es precisamente Luxemburgo, es un Estado que no ha renunciado jamás a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, periódicamente aparecen reflejadas en declaraciones políticas, documentos oficiales o discursos nacionalistas. Un Estado donde determinados sectores tampoco esconden sus referencias sobre Canarias cuando conviene alimentar el orgullo patriótico. Un Estado que desarrolla desde hace años un intenso programa de modernización militar adquiriendo sistemas de armas de última generación a Estados Unidos, Israel y otros proveedores.

Quizás debe de ser una nueva doctrina defensiva española. Financiar primero al vecino, confiar después en su agradecimiento, como una suerte de OTAN emocional. Nadie sostiene que un crédito FIEM compre un carro de combate, eso sería intelectualmente deshonesto. Los créditos tienen un destino concreto y unas condiciones determinadas, pero la economía tiene una costumbre muy poco ideológica, las matemáticas funcionan igual vote uno a quien vote. Cuando un tercero financia parte de tus infraestructuras, tú puedes dedicar tus recursos propios a otras prioridades, y ahí estamos.

Si alguien paga la reforma de tu cocina, quizá puedas comprarte un coche. Si otro financia tu desaladora, quizá puedas aumentar tu presupuesto de Defensa. No hace falta que el dinero cambie de sobre, basta con que cambie de partida presupuestaria, esa realidad no la inventa la oposición, la inventó la aritmética.

Después aparece otro asunto todavía más delicado, la inmigración. España ha destinado recursos públicos a programas de cooperación relacionados con las políticas migratorias en Marruecos. Paralelamente, las comunidades autónomas españolas han asumido durante años el enorme coste derivado de la tutela de miles de menores extranjeros no acompañados, una parte significativa de ellos de nacionalidad marroquí, el mantenimiento de cada uno supone un gasto muy elevado para las administraciones públicas, aunque la cifra varía según la comunidad autónoma y el recurso de acogida, además de ser un negocio espurio para ciertas ONG y una paradoja difícil de superar, financiamos políticas migratorias allí, financiamos la acogida aquí, cuando las relaciones diplomáticas atraviesan un momento de tensión, el flujo migratorio adquiere una elasticidad verdaderamente admirable, a veces la frontera se abre, a veces se cierra, a veces desaparecen las salidas, a veces resurgen de la noche a la mañana en sorprendente sincronía.

Y por si el patrocinio todavía necesitara algún detalle más de cortesía, la AECID ha considerado oportuno destinar otros 500.000 euros a Marruecos para un programa de "salud sexual y reproductiva de personas migrantes", gestionado por la Asociación Marroquí de Planificación Familiar. Uno ya no sabe si España financia las fronteras, las carreteras, los trenes, las desaladoras o incluso la planificación familiar del país vecino mientras aquí la sanidad pública continúa descubriendo que las listas de espera también tienen vida reproductiva propia. El contribuyente español, convertido en mecenas universal, paga con admirable puntualidad proyectos cuya utilidad estratégica jamás se explica, pero cuya factura siempre llega con una claridad meridiana.

Los diplomáticos hablan de cooperación, los analistas hablan de influencia y los ciudadanos empiezan a hablar de otra cosa. Cuando un Estado posee la capacidad de modular un fenómeno que afecta directamente a la seguridad y estabilidad del país vecino, y ese fenómeno coincide llamativamente con los momentos de mayor tensión política, resulta inevitable preguntarse si estamos ante una relación entre socios... o ante una negociación permanente donde uno pone el dinero y el otro administra la presión. Escena digna de un guión de Berlanga, mientras el Gobierno español explica que la solidaridad fiscal exige sacrificios, el patrimonio personal de Mohamed VI, estimado por diversas publicaciones especializadas en varios miles de millones de dólares, continúa situándose entre los monarcas más ricos del mundo. Palacios, residencias, inversiones, una inmensa fortuna privada... Todo perfectamente legítimo.

Lo que deja de resultar tan fácil de explicar es que un país cuyos ciudadanos soportan una de las mayores presiones fiscales de Europa, la mayor continúe enviando cooperación económica mientras la jefatura del Estado del país receptor disfruta de semejante patrimonio, la solidaridad internacional consiste precisamente en eso, que el electricista de Albacete contribuya al bienestar presupuestario de una monarquía infinitamente más rica que él, y todavía queda el Mundial de 2030 que no sabemos cuánto nos costará….

Marruecos prepara inversiones multimillonarias en infraestructuras para esa cita deportiva. España, simultáneamente, facilita financiación para proyectos estratégicos y para la modernización ferroviaria del país vecino, enternecedor. El aficionado español viajará a un estadio cuya infraestructura habrá contado, indirectamente, con el respaldo financiero del Estado que le dice cada año que no puede bajar impuestos porque las cuentas públicas no lo permiten, una nueva modalidad de turismo patriótico, y todo ello envuelto en una permanente apelación al interés estratégico.

Hasta la fecha nadie ha explicado qué contraprestación concreta ha obtenido España por comprometer más de 1.300 millones de euros. ¿Ha retirado Marruecos sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, Canarias? ¿Ha desaparecido el rearme? ¿Se han extinguido las tensiones migratorias? ¿Ha renunciado Rabat a utilizar la inmigración como elemento de negociación diplomática cuando la situación política se deteriora? ¿Qué compramos exactamente con esos 1.300 millones? ¿Estabilidad? ¿Silencio? ¿Tiempo? ¿Esperanza? ¿O simplemente la ilusión de que financiando al vecino acabará queriéndonos más? La Historia ofrece pocos ejemplos donde semejante teoría haya terminado bien.

Los romanos pagaban tributos a algunos pueblos para evitar ataques. Los reinos medievales entregaban parias para comprar tranquilidad. Hoy hemos sofisticado el lenguaje, ya no hablamos de tributos, hablamos de cooperación estratégica. Ya no hablamos de dependencia, sino de buena vecindad. Ya no hablamos de pagar para evitar problemas, hablamos de política exterior responsable. El diccionario cambia, pero la factura permanece con el mismo pagador, el contribuyente español. Ese ciudadano al que Hacienda exprime con una eficacia admirable, que soporta retrasos ferroviarios, listas de espera, carreteras envejecidas, viviendas inaccesibles y servicios públicos cada vez más tensionados, mientras contempla cómo el Gobierno descubre una asombrosa elasticidad presupuestaria cuando el destinatario de los millones se encuentra al otro lado del Estrecho.

Nadie discute que España deba entenderse con Marruecos, sería absurdo. Lo que muchos ciudadanos sí empezamos a cuestionar es si la diplomacia española ha dejado de defender prioritariamente los intereses de España para convertirse en la financiación permanente de los intereses de Marruecos. Una cosa es tener un vecino, otra muy distinta es pagarle la reforma de la casa mientras sigue explicando que el jardín también le pertenece, eso ya no parece política exterior, empieza a parecer una suscripción al Círculo de Lectores, muy cara y, como todas, la paga siempre el mismo.

Porque la cuestión ya no consiste en saber cuánto dinero ha cruzado el Estrecho. La verdadera pregunta es cuándo dejamos de actuar como un socio para asumir, con entusiasmo casi filantrópico, el papel de patrocinador oficial del Reino de Marruecos. Si seguimos a este ritmo, cualquier día veremos el logotipo del Reino de España estampado en una autopista marroquí con el mismo orgullo con el que aquí seguimos esperando un tren que llegue a su hora.

Andrés Hernández Martínez