Reducción de plantillas: impactos, riesgos y moralidad

Es evidente que pueden darse situaciones excepcionales en las que una empresa atraviese dificultades reales y se vea obligada a plantear ajustes en su plantilla para garantizar su viabilidad. Nadie discute que, ante crisis sobrevenidas —ya sean económicas, geopolíticas o sectoriales—, se puedan adoptar medidas traumáticas para preservar la continuidad de la actividad. Pero incluso en estos escenarios, estas decisiones deben estar plenamente justificadas, ajustarse estrictamente a la legalidad y, sobre todo, contar con un verdadero diálogo social que garantice que los derechos de las personas trabajadoras no queden en un segundo plano. Porque sabemos bien que, sin presión sindical, ese equilibrio rara vez se produce.

Pero también es bastante evidente que, en muchos otros casos, y por la picaresca habitual —a veces muy contraproducente— de determinados estilos erráticos de gestión, este recurso de efectos traumáticos para la vida de las personas se utiliza cuando hacerlo no es ni moral ni positivo para mejorar la situación de la empresa. Estas reducciones de trabajadores pueden suponer retrocesos en la competitividad, porque perder personas es perder conocimiento, o bien retroceder en los estándares de seguridad, ya que menos personas —o más personas con poca experiencia— normalmente significa más riesgos laborales.

Lo hemos visto en las últimas semanas con la reducción estructural de las plantillas en Repsol, donde nuestro sindicato es mayoritario. Son recortes que no se justifican ni por la carga de trabajo ni por los resultados de la compañía, que siguen siendo muy buenos y que, en el contexto actual de subida de precios, podrían incluso mejorar. Además, se amparan en supuestos proyectos de eficiencia y digitalización que, en muchos casos, ni siquiera se han implantado todavía. Desde el STR no estamos en contra del progreso ni de la modernización —muy al contrario—, pero sí defendemos que cualquier avance debe estar al servicio de las personas y no utilizarse como excusa para recortar empleo. La única explicación de esta deriva es una gestión miope que pretende reducir costes a corto plazo mediante la externalización y la precarización del trabajo.

Pero, como decimos, esto es inmoral y conlleva unos riesgos que van mucho más allá de la cuenta de resultados inmediata. La empresa que prescinde de una parte de su plantilla sin una causa real está debilitando su propio músculo productivo: rompe equipos consolidados, diluye la experiencia acumulada durante años y genera incertidumbre entre quienes permanecen. Esta desconfianza interna acaba traduciéndose en una menor implicación, una menor capacidad de innovación y, en definitiva, en una pérdida progresiva de competitividad que no se corrige con balances a corto plazo.

Además, no podemos obviar el impacto directo en la seguridad y la salud laboral. La reducción de personal suele implicar cargas de trabajo más elevadas, ritmos más intensos y, en muchos casos, la sustitución de perfiles experimentados por otros más precarios o externalizados. Esta combinación incrementa claramente el riesgo de accidentes y deteriora las condiciones de trabajo, algo especialmente grave en sectores industriales donde la prevención no es una opción, sino una obligación ética y legal.

A todo ello se suma el daño social. Detrás de cada puesto de trabajo hay un proyecto de vida, una familia y un entorno que también sufre las consecuencias de decisiones empresariales injustificadas. La destrucción de empleo en empresas con beneficios no solo agrava la desigualdad, sino que erosiona la cohesión social y debilita el tejido económico de los territorios donde operan. No es solo un problema laboral: es un problema colectivo.
 

Por eso, desde el sindicalismo responsable, defendemos que la competitividad no puede construirse sobre la precariedad ni sobre decisiones a corto plazo. Apostar por el empleo estable, por la formación y por el aprovechamiento del conocimiento interno no es solo una cuestión de justicia, sino también de inteligencia empresarial. Reducir plantillas sin necesidad puede parecer una solución rápida, pero a medio y largo plazo es, sencillamente, un mal negocio para todos. También porque cuando las empresas reducen sus costes mediante despidos, impactan directamente en la renta disponible de la sociedad. Y eso acaba destruyendo, empresa a empresa, el mercado del que todas viven.