El PP avisa de que el cierre de los acuíferos en 2027 supondrá pérdidas de 680 millones y destruirá 22.000 empleos directos en la Región
El PP avisa de que el cierre de los acuíferos en 2027 supondrá pérdidas de 680 millones y destruirá 22.000 empleos directos en la Región
Cano advierte de que “no se puede dejar a los regantes sin alternativas” y solicita al Gobierno de España que “actúe y garantice la seguridad hídrica y el desarrollo económico del campo”
El diputado regional exige que se cumpla la Ley, aclara que la Unión Europea prevé mecanismo para aplicar una moratoria y evitar un daño “desproporcionado” y recuerda que en el Altiplano “o se paraliza este atropello o están muertos”
18 de noviembre de 2025.- El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha advertido hoy en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en la Asamblea Regional, que el cierre de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Segura, come exige la directiva europea en 2027, supondría unas pérdidas para la Región de Murcia de 680 millones de euros y la destrucción de 22.500 empleos directos.
En su intervención también ha avisado de que “no se puede dejar a los regantes de la Región de Murcia sin alternativas” y ha solicitado al Gobierno de España que “actúe y garantice la seguridad hídrica y el desarrollo económico del campo”.
Por eso, ha indicado, que lo sensato sería que “antes de que haya cierres de explotaciones agrarias y antes de ordenar reducciones masivas de bombeo de agua” se “definan alternativas reales, financiadas, ejecutables y con un calendario cierto”.
Cano ha remarcado que “los datos son estremecedores”. Según el estudio de la Universidad de Alicante, solo el cierre de los acuíferos supondría, además de la destrucción de miles de empleos y la pérdida de cientos de millones de euros, que 40.720 hectáreas de regadío en la Región de Murcia se vean comprometidas y que haya pérdidas patrimoniales de más de 2.000 millones.
Ha advertido de que estas consecuencias no son hipótesis, “son efectos ciertos, cuantificados, elaborados con metodología científica y conocidos por el propio Ministerio”. Solo en la zona del Altiplano, ha denunciado, la situación sería tan grave que “o se paraliza este atropello o están muertos”.
En la presentación de su moción ha solicitado que se cumpla la Ley y que se utilicen los mecanismos legales que la Directiva Marco del Agua prevé para aplicar una moratoria y evitar un daño que la propia Unión Europea calificaría como “desproporcionado”.
La Directiva, ha recordado, “no obliga a cerrar explotaciones sin alternativas, no obliga a destruir empleo, y no obliga a aplicar objetivos medioambientales cuando hacerlo provoca un daño desmesurado”. Ha detallado que en su artículo cuatro prevé “exenciones por imposibilidad técnica y por coste desproporcionado, como lo es la pérdida de 700 millones de euros”.
Agricultura y agroindustria
Además, incluye, derogaciones cuando se afectan actividades humanas esenciales, como la agricultura y la agroindustria del Levante, y prórrogas cuando las medidas necesarias requieren plazos superiores, como ocurre con la sustitución de bombeos, la llegada de recursos externos o la ejecución de nuevas infraestructuras.
Es por ello, por lo que Jesús Cano ha dicho que “no se les puede pedir a miles de agricultores que dejen de usar un agua si antes no se les ha dado otra”. “No puedes cerrar regadíos sin haber ejecutado la conexión Júcar–Vinalopó; sin evaluar nuevos recursos procedentes de los excedentes de otras cuencas, sin mejoras en infraestructuras y sin actuaciones estructurales de sustitución de bombeos. No se puede ordenar el final antes de haber empezado el principio”, ha concluido.
