Montanaro: EL PAÍS DONDE LOS ASESINATOS SON ACCIDENTES
EL PAÍS DONDE LOS ASESINATOS SON ACCIDENTES
España siempre fue una nación imaginativa. Hemos convertido derrotas en gestas, bancarrotas en reformas estructurales y subidas de impuestos en actos de justicia social. Somos capaces de llamar "pacificación" a una rendición política, "diálogo" a un chantaje parlamentario y "progreso" a cualquier cosa que venga acompañada de una rueda de prensa, tres asesores y una campaña institucional de varios millones de euros.
Incluso, para un país con semejante tradición creativa, hay líneas que deberían resultar infranqueables, hay palabras que no admiten maquillaje, hay hechos que no toleran maquillaje ideológico y hay muertos que exigen respeto, pero, hay declaraciones que retratan con precisión quirúrgica la degradación moral de quien las pronuncia y lo que representan.
Por eso no fue un simple error verbal. No fue un lapsus. No fue una expresión desafortunada. Fue algo mucho más revelador. Calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Barbate constituye uno de esos momentos en los que el lenguaje deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse en una coartada política, en un arma, en una daga con veneno. Las coartadas siempre resultan más interesantes que los errores, porque los errores se corrigen, pero, las coartadas se fabrican. Para fabricar una coartada primero hay que asumir que existe una realidad incómoda que necesita ser maquillada, aquí la realidad incómoda era sencilla, dos servidores públicos fueron asesinados mientras intentaban hacer cumplir la ley frente a organizaciones criminales que desde hace años operan con una sensación creciente de impunidad. No murieron reparando una farola, tampoco cambiando una rueda ni se cayeron de un andamio. Murieron porque unos delincuentes decidieron utilizar una embarcación como arma, eso tiene un nombre y no es accidente, es asesinato.
Vivimos en una época donde el diccionario se ha convertido en el principal ministerio del Gobierno, no se gobierna mediante decisiones, se gobierna mediante definiciones donde la realidad importa menos que el relato y los hechos son secundarios, lo importante es controlar las palabras, según la propiedad transitiva matemática, quien controla las palabras termina controlando la percepción, y quien controla la percepción espera controlar también la responsabilidad. Es una vieja técnica autócrata y dictatorial típica en países como, Cuba, Corea, Rusia o la propia China, cuando la realidad resulta insoportable, se modifica el vocabulario, si el problema no puede ocultarse, se rebautiza y si la evidencia resulta demasiado visible, se difumina.
Hay votaciones que retratan una época mejor que cualquier encuesta. Mientras las narcolanchas surcan las costas con la tranquilidad de quien sabe que la ley llega remando, en el Congreso se ha decidido que reforzar a la Guardia Civil era una propuesta excesiva, diecinueve señorías social comunistas, golpistas y terroristas, consideraron que más medios, más protección y más respaldo para quienes se juegan la vida frente al crimen organizado era una extravagancia prescindible, quizá desde la moqueta parlamentaria el narcotráfico parezca un concepto teórico, una estadística o una molestia administrativa. España ha alcanzado así una nueva cota de sofisticación política, homenajear a la Guardia Civil en los discursos, aplaudirla en los funerales y negarle recursos cuando llega la hora de dárselos.
Así llegamos a este país extraordinario que es España, donde los narcos son poco menos que emprendedores marítimos, los separatistas socios preferentes de gobernabilidad, los herederos políticos de terroristas asesinos y cobardes son aliados parlamentarios respetables y los guardias civiles asesinados terminan convertidos en víctimas de un accidente laboral. La perversión del lenguaje siempre fue el primer síntoma de la decadencia política y este país es decadente de cojones. Los regímenes verdaderamente preocupantes nunca empiezan encarcelando ciudadanos, aunque estamos casi en ello, empiezan adulterando palabras, sustituyendo la verdad por eufemismos y modificando el significado de las cosas hasta que la sociedad deja de distinguir entre la realidad y la propaganda. George Orwell escribió una novela, 1984 en la que, algunos parecen haberla interpretado como un manual de instrucciones. Si aceptamos que aquel asesinato fue un accidente laboral, entonces debemos aceptar otras muchas cosas, que es lo que pretenden, que los 853 asesinados por ETA fueron una sucesión extraordinariamente desafortunada de incidencias profesionales. Debemos aceptar que más de 2.600 heridos fueron daños colaterales derivados de conflictos de convivencia, más de 200.000 ciudadanos vascos que abandonaron su tierra por amenazas, extorsiones y miedo participaron en un programa involuntario de movilidad residencial, o que Miguel Ángel Blanco sufrió una interrupción traumática de su actividad laboral. Deberíamos aceptar entonces que décadas de terror constituyeron simplemente una compleja acumulación de percances administrativos. El absurdo resulta grotesco y precisamente por eso revela la dimensión moral del problema, las palabras no sólo describen la realidad, también revelan la mirada de quien las utiliza, cuando alguien es capaz de reducir un asesinato a una contingencia laboral, demuestra su miseria moral.
Resulta significativo que esto ocurra precisamente en un momento donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado parecen haberse convertido en un objetivo recurrente de determinadas corrientes políticas. La Guardia Civil molesta, porque investiga, porque informa y porque persigue delitos. Molesta porque los atestados no entienden de ideologías. Los informes no suelen preguntar por la afiliación política antes de describir los hechos, y genera incomodidad en quienes llevan años intentando convertir las instituciones en extensiones de sus intereses partidistas. Cuando las investigaciones afectan al adversario, las fuerzas policiales son héroes de la democracia. Cuando afectan a los propios, aparecen teorías conspirativas, cloacas imaginarias, campañas de desprestigio y ataques coordinados contra jueces, fiscales y agentes.
Curioso, el mismo investigador puede ser un servidor ejemplar el lunes y un conspirador peligroso el martes, depende de quién aparezca en el informe. Esa es la verdadera tragedia institucional que atraviesa España, quizás no sea la propia corrupción, existe desde que existe el ser humano, lo preocupante es la normalización, la resignación, la capacidad de una parte de la sociedad para justificar cualquier cosa siempre que beneficie a los suyos. Hemos llegado a un punto donde algunos ciudadanos no defienden principios sino bandos, el objetivo ya no consiste en defender la verdad, consiste en proteger la tribu.
La política española parece haberse convertido en una gigantesca agencia de gestión emocional donde los hechos importan cada vez menos y los sentimientos partidistas cada vez más, la realidad permanece, y la realidad es que dos guardias civiles fueron asesinados. La realidad es que llevaban años denunciando carencias de medios, la realidad es que el narcotráfico ha ganado espacios de poder e influencia en determinadas zonas y no sabemos porque, la realidad es que demasiados responsables políticos han preferido mirar hacia otro lado e incluso servir de coartada, y la realidad es que resulta mucho más sencillo cambiar las palabras que asumir responsabilidades. Así las víctimas terminan convertidas en daños colaterales de una estrategia de supervivencia política. Hoy la indignación provocada por la bruja malvada andaluza no fue únicamente emocional, sino también moral. Hoy todavía la mayoría de los ciudadanos distinguen entre un accidente y un asesinato, a pesar de los sectarios social comunistas, distinguen entre una víctima y una estadística y sobre todo entre el respeto y el cálculo político y la decencia.
La decencia, esa antigua virtud hoy tan escasa en los pasillos del poder, que consiste precisamente en reconocer que hay momentos donde el interés partidista debe guardar silencio, donde las víctimas merecen respeto, donde la responsabilidad exige prudencia y donde la dignidad obliga a callar. Propaganda socialista, para convertir asesinatos en accidentes, para disfrazar fracasos de éxito y para presentar la incompetencia como progreso. Por eso el verdadero problema no es una frase, es la mentalidad que la produce, la política que la considera aceptable, la atmósfera moral que permite pronunciarla sin rubor.
Por fortuna, todavía quedan, quedamos muchos españoles capaces de reconocer la diferencia entre la verdad y la niebla. Entre la dignidad y el cinismo. Entre el respeto y la manipulación. Entre un accidente laboral y un asesinato. Mientras esa diferencia siga existiendo, todavía habrá esperanza para un país que lleva demasiado tiempo gobernado por fabricantes de humo y vendedores de eufemismos, por miserables.
‘Lo que nos espera’. Aunque ya es casi un lugar común declarar que Pedro Sánchez es capaz de todo y más con su señora esposa imputada y marcada con la flor de Lys de los juzgados, “asinque” ya podemos prepararnos para una semana o diez días de reflexión epistolar que no evangélica, y un intento fulminante de acabar con todo, y digo todo, si ya con la imputación desarrollaron una trama mafiosa contra los poderes del estado, ¿ahora que va a hacer esta organización criminal?
Pero volviendo al léxico impostado y reforzado nunca llega uno a asumir el verdadero alcance de esa frase, cuando se dice «todo», ¿qué es exactamente «todo»? Parecía haberse respondido a eso con la ley de amnistía, la hermandad con Bildu o el permiso para que los independentistas catalanes decidieran cómo había que financiar las comunidades autónomas de España. Recientemente, hemos identificado ese «todo» con una plaga de corrupción y, más grave, con un ataque organizado sin precedentes a las instituciones que la combaten. De momento despreciar a las víctimas caídas ya es parte de ese todo.
Andrés Hernández Martínez